Ejecucion de la sentencia contra Laporta y la anterior junta.

La fase final del interminable caso de los avales aún dejará relatos y episodios sorprendentes como la recién destapada trama sobre un presunto acuerdo económico entre el demandante, Vicenç Pla, y un sector de los directivos demandados, al parecer instigado por un intermediario al que el propio ex presidente Joan Laporta habría denunciado ante Mossos d'Esquadra.

Aún han de conocerse, sin embargo, muchos más detalles sobre esta historia urdida en torno a una situación límite, la obligación que tienen el propio Laporta y siete directivos más de su junta de 2006 de presentar avales bancarios a favor del Barça por un importe de 23,2 millones de euros. Así lo dicta una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, inapelable y firme.

Como está en juego el patrimonio personal de algunos ex directivos, la desesperación ante la exigencia judicial que supone ofrecer garantías por valor de unos 2,9 millones por cabeza explica que, además del denunciado intento de acuerdo extrajudicial entre Pla y Laporta, se hayan producido otros intentos de eludir el aval.

Al menos dos ex directivos, Albert Perrín y Joan Boix, se han reunido con el promotor de la demanda, Robert Blanch, el socio que lidera la Associació per la Defensa dels Drets dels Socis del FC Barcelona, con el propósito de alcanzar un pacto con el demandante que les exonerara a ambos de la prestación del aval.

Toni Freixa, de enlace

Los contactos se establecieron a través de un directivo actual del FC Barcelona, Toni Freixa, después de que ambos condenados le hubieran transmitido su voluntad de encontrar un punto de entendimiento. Con la intención de favorecer esta vía, el secretario de la junta le expuso a Blanch la conveniencia de establecer el diálogo, a lo que naturalmente se mostró dispuesto Blanch.

La postura de la junta de Sandro Rosell en este caso ha sido muy clara desde el principio. Entiende que si un socio ha emprendido y ganado estabatalla judicial por su cuenta, actuando con absoluta independencia, la directiva no puede ni debe interponerse, asumiendo en cualquier caso que la prestación de avales es obligada para ser directivo y que la decisión del Supremo supone una garantía indiscutible, legal y exigible favor de los socios del FC Barcelona.

Estos avales sólo se ejecutarían si al final de la demanda derivada de la acción de responsabilidad el juez determinara pérdidas entre el 2003 y el 2008 y estas hubieran de ser compensadas por los directivos.

La junta actual, que ha pedido a Blanch -sin éxito- retrasar la ejecución de la sentencia (hay cuatro años de margen para pedirlo), considera que el perjuicio económico para estos socio al prestar el aval en este momento no beneficia al club, sino a la entidad bancaria ante la cual se formaliza el aval, y que por tanto la ejecución inminente no tiene un efecto práctico, directo e inmediato que mejore las finanzas azulgrana. Lo que sí se denunció desde el club es que los ex directivos pagaran con dinero del club los gastos de la defensa legal en este pleito.

Las contraprestaciones

En la reunión mantenida entre Blanch y los ex directivos éstos expusieron y argumentaron su no participación en determinadas decisiones de gran incidencia económica.

Para Robert Blanch, que en cualquier caso alberga dudas sobre si judicialmente cabría la posibilidad de exigir el aval a unos directivos sí y a otros no, sólo tomaría en consideración la propuesta si previamente estos ex directivos realizaban un reconocimiento público de esos errores y de las actuaciones que condujeron al estado de bancarrota al final de su mandato.

Blanch también les invitó a que en este posicionamiento señalaran con claridad a quienes ellos consideraban realmente responsables de las pérdidas.

Por ahora, sin embargo, la cuenta atrás corre sin que se haya producido la primera y principal condición para el perdón, la asunción ante los socios de la realidad de su gestión y de la aceptación del propio resultado de la demanda, es decir que en su momento se debieron prestar los avales.