La directiva de Sandro Rosell adoptó en aquel momento la decisión de no iniciar el proceso por entender que el club no obtenía inmediatamente ninguna ventaja y también, a criterio de los juristas, porque el FC Barcelona no estaría legitimado para hacerlo. Vicenç Pla, que ha actuado como representante de la Associació per la Defensa del Socis i de les Socies del FC Barcelona, ya avanzó que, en cualquier caso, él estaba decidido a hacer cumplir la ley, tras un largo proceso judicial que ha llegado hasta el Supremo, y también la sentencia conocida, condenatoria a ocho ex directivos del club a prestar el aval que debió haberse hecho en su día, cuando tomaron posesión del cargo en 2006. También habían hecho saber Vicenç Pla y Robert Blanch, portavoz y promotor de este colectivo, que no acelerarían la ejecución hasta que el primer equipo del Barça no hubiera conquistado la Liga.
Pasadas las celebraciones del título, hoy es el día en que este grupo de socios anunciará a lo largo del día a través de un comunicado que solicita al juez la ejecución de la sentencia, rectificando la cantidad exigida, que será finalmente de 27’6 millones de euros. De acuerdo con el consultor económico y financiero de la Associació, Manel Piñero, y consultada la abogada que ahora lleva el caso, la nueva cifra, superior en 2 millones a la dictaminada por la propia Audiencia Provincial en su momento (23,2 millones), responde la diferencia entre el cálculo realizado por los jueces en 2009 sobre unos beneficios probables de 9 millones en el ejercicio 2009-10 y el resultado real auditado y aprobado en la asamblea de octubre de 2010, muy diferente, con cuantiosas pérdidas.
El aval debe ser repartido entre los ocho directivos co-ejecutados, que son Joan Laporta, Alfons Godall, Alfons Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste, Albert Perrin y Jaume Ferrer, lo que significa que cada uno de ellos debería conseguir un aval bancario a favor del FC Barcelona por valor de algo más de 3 millones de euros.
En marzo de 2011 ya fue iniciada la ejecución de la sentencia por el juez Antonio Pascual Nuño de la Rosa y Amores, que en aquel momento dio un plazo de dos meses a los directivos afectados. La incapacidad de Vicenç Pla de hacer frente a la fianza requerida entonces por el juez aplazó el proceso. Ahora mismo no parece que ninguna otra acción jurídica ni de ningún otro tipo pueda impedir que la justicia obligue a esos ocho directivos a poner en juego su patrimonio y prestar los avales.
El juez del caso ha sido noticia recientemente por haber sido investigado por Método 3 en fechas anteriores a la su sentencia de primera instancia, que fue favorable a los directivos ahora condenados.
Se avecinan malos tiempos para Laporta y la anterior junta. Lo que entiendo es que este tal Pla denuncia a los directivos y el beneficiario es el Barça? Sin que el Barça tenga que actuar? Collons.