Según el auto, el juez estima que el ingreso en prisión "es procedente para asegurar su presencia, evitando el riesgo de fuga y asegurando al mismo tiempo la preservacion de fuentes de prueba relacionadas con los presuntos delitos objeto de imputacion, en evitacion de su alteracion por parte del imputado, finalidades que únicamente se pueden salvaguardar con la medida cautelar que se adopta".
El ingreso en prisión fue solicitado en primer lugar por la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que no obstante propuso al juez que fijara una fianza "proporcional a los delitos" para que el ex tesorero tuviera la oportunidad de eludir la cárcel. El PSOE valenciano, personado en la causa bajo la misma condición acusadora, se adhirió a la petición de Adade. Y, lo más importante, el fiscal anticorrupción no sólo no se opuso a la medida sino que desechó o a alternativa de la fianza.
El juez dictó el auto de prisión tras haber tomado declaración a Bárcenas durante dos horas. Tanto el ex tesorero como su mujer, Rosalía Iglesias, que quedó en libertad, fueron interrogados bajo imputación de estafa procesal, delitos fiscales y blanqueo de dinero. Estas nuevas acusaciones se derivaban de la simulación, por parte del matrimonio, de una compraventa de cuatro cuadros antiguos con el fin de justificar y lavar la procedencia de medio millón de euros que Rosalía Iglesias ingresó en efectivo en su cuenta.
Antes de empezar las declaraciones, que en total se prolongaron unas tres horas y media, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la imposición a Bárcenas de una fianza civil de de 28 millones de euros para asegurar sus responsabilidades económicas en el conjunto del caso Gurtel.