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Las Cortes Españolas han modificado el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad social. La nueva Ley Orgánica 7/2012, publicada en el BOE del pasado 28 de diciembre. Seguimos exponiendo sus novedades, esta vez en materias relacionadas con la defraudación a la Seguridad social.
En cuando a los Delitos contra la Seguridad Social, se reduce la cantidad defraudada que lleva a prisión, a 50.000 €.
El nuevo apartado 4 permite continuar con el procedimiento administrativo de liquidación y cobro de la deuda pese a la pendencia del proceso penal.
El nuevo apartado 5 prevé la atenuación de la pena cuando los presuntos responsables de los delitos reconocen su comisión y satisfacen íntegramente la deuda o bien colaboran con las Autoridades para la obtención de pruebas u otro tipo de averiguaciones.
Se crea un nuevo tipo agravado, el art. 307 bis, para supuestos especialmente graves. Veamos porqué:
“Se introduce, igualmente, un nuevo tipo agravado en supuestos de conductas especialmente graves por la cuantía eludida (+ de 120.000 €) u otras circunstancias concurrentes de especial entidad, como la utilización de sociedades o personas interpuestas para ocultar los verdaderos responsables del pago de las cuotas de Seguridad Social, y que justifican un mayor reproche penal. La agravación de la pena lleva aparejada la ampliación del periodo de prescripción del delito, fundamental en estos casos por su complejidad de difícil y tardía detección, y que con la ampliación de la pena máxima a seis años de prisión, uno más al actualmente vigente, amplía el plazo de prescripción a diez años.”
“los castiga con una penalidad ajustada a la gravedad del hecho: prisión de seis meses a tres años en los supuestos ordinarios; multa del tanto al séxtuplo en los casos que no revistan especial gravedad; y prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo en los supuestos agravados(valor de la prestación > 50.000 €, entre otras). En todos los casos se prevé además la imposición al responsable de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Bufffff. Tiene mala pinta como lo declaren culpable. La reforma penal le puede caer encima con bastante fuerza.
