Le rebajan de 6 años a 9 meses la prisión

El Tribunal Supremo evita que Matas ingrese en prisión


http://politica.elpais.com/politica/2013/07/23/actualidad/1374571777_628796.html


La Audiencia Provincial de Palma, en una sentencia de 172 folios dictada en marzo de 2012 condenó al expresidente balear Jaume Matas, a seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación por seis delitos. El Tribunal Supremo, en una resolución hecha pública esta mañana, ha rebajado la pena a nueve meses y un día de cárcel por un solo delito, tráfico de influencias, de forma que este no ingresará en prisión. Podrá pedir que se le aplique una suspensión de condena al no superar la impuesta los dos años de cárcel.

El Supremo ha dictaminado que Matas “utilizó su autoridad jerárquica para presionar” para que se concediera una subvención de más de 400.000 euros al periodista que le elaboraba los discursos, Antonio Alemany –también condenado- y confirma el tráfico de influencias. Pero, por otro lado, le absuelve de los delitos de fraude a la Administración, delito continuado de falsedad en documento oficial, continuado de falsedad en documento mercantil y prevaricación en concurso con malversación por los que había sido condenado por la Audiencia de Palma en relación a servicios y pagos para Alemany. El alto tribunal considera que los servicios se prestaron y que no ha quedado acreditada la comisión de estos delitos. La sala argumenta que “la condición ética de reprochabilidad de los actos denunciados no puede determinar la sanción penal”.

La decisión ha sido adoptada por los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo Carlos Granados (ponente de la misma), José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo, y Manuel Marchena y ha contado con el voto particular de Alberto Jorge Barreiro, que discrepa de la absolución por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y en documento mercantil.

Esta fue la primera de las numerosas causas del expresidente balear —que ostentó el cargo de 1996 a 1999 y de 2003 a 2007— y exministro de Medio Ambiente con el Gobierno de José María Aznar (2000-2003) dentro del caso Palma Arena; y la primera que habría podido llevarle a prisión.

La fiscalía, durante la vista pública celebrada ante el Supremo, pidió la confirmación íntegra de la sentencia, que calificó de “correcta”, por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. El fiscal Fernando Sequeros defendió la necesidad de una sanción para “los gobernantes que mal gobiernen y aquellos que se valen de funciones para lucrarse en sus intereses privados”. “Todo fue un artificio, un ropaje formal que se le puso a un muñeco para que esa persona [el periodista y columnista de El Mundo Antonio Alemany] pudiera satisfacer sus intereses como periodista”, añadió. La abogada del Gobierno balear solicitó también la confirmación de la sentencia e incidió en que la resolución de la Audiencia acreditaba perfectamente el uso de dinero público para el pago de comisiones.

Alemany fue penado por la Audiencia de Palma a tres años y nueve meses de cárcel por prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias. Ha sido también absuelto por el Supremo de algunos de los delitos por los que había sido condenado, pero el alto tribunal ha mantenido su condena por prevaricación, malversación en caudales públicos y falsedad en documento mercantil. La nueva pena a la que ha sido condenado es de dos años, tres meses y un día de prisión junto con inhabilitación absoluta de cuatro años y siete meses.

La sentencia de la Audiencia de Palma distinguía cuatro supuestos distintos: el caso pago facturas, el caso concurso, el caso concurso menor y el caso subvención. La condena del Supremo de nueve meses de prisión de Matas se centra en este último: la subvención de 449.734 euros que recibió Alemany del Gobierno balear para sacar adelante un proyecto de agencia de noticias en la comunidad autónoma.

Por otro lado, Alemany cobraba por la redacción de los discursos de Matas. Pero no lo hacía a través de un contrato como asesor, ni de un contrato menor. En un primer momento presentó facturas mensuales por importe de 2.000 euros. Más tarde, se abrió un concurso público de urgencia para solventar la cuestión de los pagos. En este momento entró en el asunto otro de los condenados, Miguel Romero de la Cerda, dueño de la empresa Nimbus, a quien Matas habría “rogado”, según la sentencia de la Audiencia de Palma, que se presentara al concurso explicándole que la única finalidad del mismo era pagar a Alemany. Con esta extraña fórmula, delictiva para la Audiencia de Palma, Alemany cobró entre 2003 y 2007 casi 200.000 euros.

El Supremo analiza la supuesta prevaricación cometida en relación con este concurso y concluye que esta no se produjo. “El delito de prevaricación requiere, entre otros presupuestos, el dictado de una resolución arbitraria”, señala el alto tribunal. Los magistrados indican, por un lado, que la Audiencia de Palma no precisa qué resoluciones de la vicepresidenta y consejera de Relaciones Institucionales de Matas sustentaban este delito, pero que, en todo caso, atendiendo al relato de hechos, las resoluciones dictadas “en modo alguno pueden ser calificadas de prevaricadoras, ya que se dictaron en el marco de un contrato administrativo para cumplir un servicio público (…) que efectivamente se prestó”.

Asimismo, en relación con este caso, los magistrados descartan también la existencia del delito de malversación de caudales públicos. El alto tribunal señala que no hubo pago de comisiones por parte de la Administración a la empresa Nimbus y que si hubo algún pago entre Alemany y esta sociedad, se trató meramente de un “acuerdo entre particulares”.

La inducción al delito de fraude a la Administración que también se imputaba a Matas por haber proporcionado a Nimbus información sobre el concurso y lo que debían incluir en la posible oferta tampoco lo considera probado el Supremo. El alto tribunal estima que en los hechos probados no se encuentra el fraude o engaño bastante para perjudicar a la Administración necesario en este delito. Tampoco considera que el expresidentes balear haya sido inductor de un delito continuado de falsedad en documento oficial porque, argumentan, las facturas se emitieron en relación a un contrato administrativo que efectivamente se prestó.

Los otros dos condenados, Miguel Romero y el exdirector de Comunicación del Gobierno de Matas, Joan Martorell, colaboraron con la fiscalía y recibieron penas de cárcel inferiores a los dos años.

Aye escribió:Es sencillamente acojnante como nos lo hacen una y otra vez y la gente sin quemar. Dicen que no podemos apelar a la violencia pero ante esto que queda joder? No hay ley, el sistema está tan prostuituido que nos follan en la puta cara y nos escupen. Es simplemente ACOJONANTE lo de este pais. Si tengo la oportunidad no vuelvo NUNCA

Tritranquil escribió:No puede ser esta disparidad de criterios entre la audiencia y el supremo. No me puedo creer que unos digan que si al robo, falsdad documental malversacion y el supremo diga que no es asi.

¿Quién nombra a los magistrados que componen el Tribunal Supremo?
La respuesta a esta pregunta la encontramos en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho artículo establece que:

Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:

1. La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos de sus miembros de:

a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente de este último.

b) Los miembros del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde.

c) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

Así pues, la facultad de nombrar a los magistrados que componen el Tribunal Supremo corresponde al Consejo General del Poder Judicial.

Lo cual, naturalmente, nos lleva a la siguiente pregunta.

¿Quién nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial?

En primer lugar, aclaremos que el Pleno del Consejo se compone del presidente y 20 vocales. Al presidente lo eligen los miembros del Consejo, ¿pero quién nombra a los miembros del Consejo?

12 son jueces y magistrados, de los que el Congreso de los Diputados propone seis y el Senado otros seis, en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros.

Los otros 8 son abogados u otros juristas, de los que el Congreso elige a 4 y el Senado a otros 4.

Es decir, que en último término la composición de los tribunales son un reflejo de la composición política del Congreso y el Senado. Una misma mayoría parlamentaria controla el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

La mayoría de tres quintos.

Aparentemente, la exigencia de una mayoría de 3/5 para los nombramientos mitigaría la réplica pura y dura de las mayorías políticas parlamentarias. Sin embargo, a lo que hemos asistido en los últimos tiempos es a un mercadeo político que primero produce una situación de bloqueo la cual acaba degenerando en un reparto puro y duro de cuotas. Si tu votas a estos 3 míos, yo voto estos 4 tuyos: así es como se aplica en la práctica la mayoría de 3/5. La situación es tan grave que, tras la renovación del último Consejo General del Poder Judicial, ni uno sólo de sus miembros es independiente. Los 20 pertenecen a algún tipo de asociación de jueces de clara adscripción ideológica. El hecho resulta especialmente escandaloso cuando la mitad de los jueces españoles no pertenece a ninguna asociación.

Una justicia independiente.

Todo lo cual nos lleva a la búsqueda de la solución, que no puede venir más que de la mano de un cambio en el sistema de elección de jueces y magistrados que garantice su imparcialidad e independencia. En este sentido, existen diversos sistemas para conseguir este objetivo. Por poner un ejemplo, el de que los miembros del Tribunal Constitucional, el Supremo o el Consejo General del Poder Judicial sean elegidos exclusivamente por los propios jueces. Todo ello partiendo de la base de un cuerpo de jueces al que se acceda exclusivamente por oposición. En cualquier caso, sea cual sea la mejor fórmula, el debate sobre cómo mejorar la independencia del poder judicial es tan apasionante como necesario. Eso siempre que no queramos saber cuál va ser el fallo de una sentencia a través de un video previo del gobierno.

http://www.navarraconfidencial.com/2009/01/30/quien-nombra-a-los-magistrados-del-tribunal-supremo/

ariscito escribió:España necesita urgentemente un poder judicial independiente de cualquier otro poder, a partir de esa base podremos construir un país potable para todos... desde que en 1985 el PSOE se cargó la independencia judicial y el PP la remató con el pacto por la justicia no tenemos democracia en este país.

saludos

Fingol escribió:

ariscito escribió:España necesita urgentemente un poder judicial independiente de cualquier otro poder, a partir de esa base podremos construir un país potable para todos... desde que en 1985 el PSOE se cargó la independencia judicial y el PP la remató con el pacto por la justicia no tenemos democracia en este país.

saludos

 

Creía que la constitución era del 78.

ariscito escribió:

Fingol escribió:

ariscito escribió:España necesita urgentemente un poder judicial independiente de cualquier otro poder, a partir de esa base podremos construir un país potable para todos... desde que en 1985 el PSOE se cargó la independencia judicial y el PP la remató con el pacto por la justicia no tenemos democracia en este país.

saludos

 

Creía que la constitución era del 78.

La constitución no dice que los magistrados del CGPJ deben ser elegidos por el poder político, lo único que dice es que la elección se reglamentará mediante ley orgánica; el PSOE en 1985 reformó la elección de los miembros del CGPJ y se cargó la independencia judicial, pero ya lo hizo antes en el caso RUMASA.... el PP no solo no cumplió su promesa de independizar a los jueces, los hizo más dependientes del poder político.

un saludo.