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Las excavaciones promovidas por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y el Ayuntamiento sevillano de Cazalla de la Sierra en el cementerio de este municipio de la Sierra Norte, donde los historiadores locales calculan que podrían descansar los cuerpos de entre 300 y 400 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, han sacado a la superficie los restos óseos de ocho personas.
Los cadáveres presentan impactos de bala incluso con orificios de entrada y salida, huesos rotos, extremidades a la espalda y "posturas que denotan caídas desde los bordes de la fosa", en cuyos aledaños han sido localizados casquillos de bala. Las labores de exhumación, iniciadas a finales del pasado mes de julio, están siendo ejecutadas por la empresa de rqueología ARQ'UATRO, cuyos arqueólogos creen que la fosa tiene una extensión de 21 por cinco metros y una profundidad de 2,18 metros. Según los expertos, la fosa alberga cinco niveles de enterramiento superpuestos.
Las labores de excavación comenzaron después de que el pasado 14 de julio, la citada asociación y el alcalde de Cazalla de la Sierra, Carmelo Conde (PSOE), firmaran un acuerdo a tal efecto gracias a una subvención de 54.000 euros cosechada por la organización de manos del Ministerio de Presidencia. Las primeras gestiones para la exhumación de estos restos se remontan al año 2004, cuando los familiares de varias víctimas de las acciones de las tropas sublevadas propusieron a la organización el rescate de los cadáveres enterrados en la fosa común del cementerio de Cazalla de la Sierra.
Informes orales confusos
En concreto, aquel año la propuesta partió del hijo del que fuera jefe de la estación de Renfe de Cazalla de la Sierra, Pedro Doctor Arruga, y de varios familiares de los antiguos miembros de la Corporación Republicana de Alanís, que en el momento del alzamiento tenía como alcalde a José García Galindo, y como teniente de alcalde a Manuel García Espínola. Los nietos del matrimonio formado por el jornalero José Campos, alias 'El Pepino', y Antonia González, ambos fusilados entre septiembre y octubre de 1936 en Cazalla de la Sierra, se sumaron a la propuesta.
Los trabajos de localización han resultado muy complejos, pues la mayoría de los informes orales situaban la fosa al pie de la tapia y no a los ocho metros hacia el interior del cementerio, donde realmente se ha encontrado. También serán difíciles los trabajos de individualización de los restos y contabilización de las víctimas, dado el estado en que se encuentran.
Los cadáveres presentan impactos de bala incluso con orificios de entrada y salida, huesos rotos, extremidades a la espalda y "posturas que denotan caídas desde los bordes de la fosa", en cuyos aledaños han sido localizados casquillos de bala. Las labores de exhumación, iniciadas a finales del pasado mes de julio, están siendo ejecutadas por la empresa de rqueología ARQ'UATRO, cuyos arqueólogos creen que la fosa tiene una extensión de 21 por cinco metros y una profundidad de 2,18 metros. Según los expertos, la fosa alberga cinco niveles de enterramiento superpuestos.
Las labores de excavación comenzaron después de que el pasado 14 de julio, la citada asociación y el alcalde de Cazalla de la Sierra, Carmelo Conde (PSOE), firmaran un acuerdo a tal efecto gracias a una subvención de 54.000 euros cosechada por la organización de manos del Ministerio de Presidencia. Las primeras gestiones para la exhumación de estos restos se remontan al año 2004, cuando los familiares de varias víctimas de las acciones de las tropas sublevadas propusieron a la organización el rescate de los cadáveres enterrados en la fosa común del cementerio de Cazalla de la Sierra.
Informes orales confusos
En concreto, aquel año la propuesta partió del hijo del que fuera jefe de la estación de Renfe de Cazalla de la Sierra, Pedro Doctor Arruga, y de varios familiares de los antiguos miembros de la Corporación Republicana de Alanís, que en el momento del alzamiento tenía como alcalde a José García Galindo, y como teniente de alcalde a Manuel García Espínola. Los nietos del matrimonio formado por el jornalero José Campos, alias 'El Pepino', y Antonia González, ambos fusilados entre septiembre y octubre de 1936 en Cazalla de la Sierra, se sumaron a la propuesta.
Los trabajos de localización han resultado muy complejos, pues la mayoría de los informes orales situaban la fosa al pie de la tapia y no a los ocho metros hacia el interior del cementerio, donde realmente se ha encontrado. También serán difíciles los trabajos de individualización de los restos y contabilización de las víctimas, dado el estado en que se encuentran.
